Este pasado año ya me ofendía con las jubilaciones supermillonarias de los banqueros, bancarios y políticos; no me parecía nada, pero nada bien que Francisco González, ex-presidente del BBVA recibiera en una cuenta suya 79,5 millones de euros de indemnización por jubilarse antes de tiempo, concretamente 5 años, aunque no pudiera disponer de ese capital hasta que cumpliera la edad preceptiva: 65 años. Ellos lo llaman bonus. No sé a vosotros, pero a mí, como están las cosas y teniendo que pagarle el estado, o sea nosotros, los errores de visión o cálculo a los expertos economistas o directivos de las entidades bancarias, me parecía una canallada.
En septiembre le llegó el turno a 4 directivos de Novacaixagalicia con cantidades aproximadas de 23 millones de euros para tres de ellos y 7 para un cuarto directivo que sigue un procedimiento diferente, pero que le llevará a la misma condición de prejubilación supermillonaria. Aquí no se incluyen las indemnizaciones a José Luis Méndez y sus dos hijos en Caixa Galicia antes de fusionarse con Caixanova por no haberse hecho públicas, pero algo me dice que también fueron millonarias.
Asimismo la Caixa Penedés ha jubilado como multimillonarios a 4 directivos. En Caja de Ahorros del Mediterráneo los principales directivos se repartieron 15 millones y medio mientras dejaban un agujero muy próximo a los 16.000 millones de euros. Será por su eficiencia... Francisco Luzón, número 3 del Banco de Santander, una vez comprobado tras el reciente indulto del gobierno de Zapatero que Alfredo Sáenz no piensa ceder su puesto de número 2 tras Emilio Botín, opta por jubilarse anticipadamente embolsándose 66 millones de euros entre planes de pensiones y seguros de vida.
Podríamos hablar de los fondos de Emilio Botín y su hija Ana Patricia, de Matías Rodríguez Inciarte y su hermano Juan, también todos ellos en el Santander; en el BBVA, además del citado Francisco González podríamos referirnos a su antecesor en el cargo José Ignacio Goirigolzarri, o al secretario general del banco, José Maldonado; en el Banco Popular habrá pensiones multimillonarias para el presidente Ángel Ron, el secretario del consejo de administración Francisco Aparicio, y otros. Y no es diferente la cosa si analizamos Banesto.
Tampoco nuestros políticos escapan mal: consolidan la pensión con 7 años de actividad, mientras un ciudadano tiene que cotizar más de 30 años; además son ellos los que deciden cuánto se suben el sueldo, sin patronal que les ponga freno; su sueldo base es de 3.996 euros, mientras el de cualquier trabajador son 624; su salario está en un 33% exento de declaración de la renta; tampoco hablamos de los ingresos por comisiones de estudio, seguimiento o investigación, dietas de viaje, comida, chóferes, coches oficiales, etc.
Definitivamente, en épocas de crisis hay que apretarse el cinturón, pero no solo los funcionarios, pensionistas o demás trabajadores vía incremento del IRPF. Es triste ver que a los funcionarios, después de pasar media vida estudiando sin retribución y aprobar unas oposiciones, se les congela o reduce el sueldo arbitrariamente; que a los pensionistas no se les regulariza la pensión con el IPC excepto a los que cobran una pensión mínima (como si las demás dieran para mucho), haciendo que pierdan poder adquisitivo; que a los trabajadores se les incrementa el IBI, el IRPF y el IVA mientras las Sicav, sociedades formadas por muchos grandísimos capitales, cotizan al 1% y los grandes capitales nacionales no tienen problemas para pagar este aumento impositivo que debería tener carácter progresivo: a más renta/capital, más porcentaje de impuesto.
La solución...en las urnas, dentro de 4 años. Por ahora hemos votado más capitalismo.
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