Es curioso y alentador ver cómo un país que ha sufrido en sus carnes el terrorismo de estado impuesto por militares golpistas, poco a poco vuelve a la normalidad democrática a través de la justicia, con un juicio a torturadores y asesinos que durante años sembraron el pánico entre una población a la que juraron defender.
Ayer les tocó el turno a Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y Adolfo Donda, entre otros, sentenciados a cadena perpetua por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, Esma, durante la dictadura militar argentina, pero anteriormente fueron condenados Omar Riveros, Suárez Masón, Adolfo Scilingo, Eduardo Massera, Julio Simón o Rafael Videla, y muchos otros más.
Mientras, aquí en España todavía estamos a la espera que se anulen juicios llevados a cabo sin garantías por un ejército golpista, o se juzguen y condenen como delitos contra la humanidad, que lo son, los asesinatos y desapariciones, torturas, encarcelaciones, vejaciones, secuestro en el exilio, apropiaciones indebidas, etc., que sufrieron de manera sistemática y prolongada en el tiempo decenas de miles de españoles solamente por pensar de manera diferente.
O lo que es peor, aún en España estamos intentando convencer a la gente de que buscar y sacar de las cunetas o fosas comunes a las víctimas de este terrorismo de estado para entregarlas a sus familiares es un derecho, y que el deber del Estado es facilitarlo, como hizo el gobierno golpista del general Franco con las víctimas de su bando en los años cuarenta del siglo pasado.
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