Si Luis de Guindos era el director ejecutivo de Lehman Brothers para España y Portugal en el momento en que esta entidad quebró por el escándalo de las hipotecas subprime, asunto de dolorosísimas consecuencias que aún gravitan por la economía mundial, y como premio se le ha nombrado ministro de economía en este nuevo gabinete formado por Mariano Rajoy, no podemos culpar al nuevo ministro, sino a quien nos lo ha impuesto. Tan solo nos queda rezar pidiendo que lo haga mejor que en su anterior trabajo, pues es nuestro día a día el que está en juego.
Por otro lado, no sé de qué me asombro, habida cuenta que en el mismo gabinete está el señor Arias Cañete; sí, amigos, aquel que fue acusado de ser un "cazaprimas" en el asunto de la subvención del lino, aquel negocio para unos cuantos que Europa nos criticó y que terminó con una sanción ejemplar para España y del que La Fiscalía Anticorrupción definió ante la Oficina Europea de Lucha Antifraude como "un fraude generalizado" en la aplicación en España de las ayudas comunitarias al sector del lino textil en las comunidades de Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León. Sí, aquel que estuvo relacionado con uno de los mayores fraudes fiscales descubiertos en España durante las últimas décadas. El llamado caso de los DNI falsos, que supuso el blanqueo de más de 2.000 millones de dinero negro generado por industrias dedicadas a la fabricación de piensos para animales y a la comercialización de pollos. Eran los felices años noventa.
Tampoco me sorprende que el Ejecutivo destituya a los máximos responsables de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria (ONIF), dependiente del Ministerio de Hacienda y que se encargaba de la investigación de los casos Gürtel y Urdangarín. En esta Oficina de Investigación del Fraude ha situado Rajoy como número dos, jefa adjunta, a Pilar Valiente, que ya tuvo que dimitir de su puesto de presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, CNMV, por su actuación indebida en el caso Gescartera, cuando se sospechó que había tratado de favorecer a los implicados, todo ello en tiempos de José María Aznar como presidente del gobierno. El caso Gescartera se llevó por delante 88 millones de euros de 655 personas estafadas.
Algo huele a podrido, que diría Jasper Fforde.
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